La política de privacidad de Facebook y el derecho del usuario a eliminar sus datos vuelve a la palestra tras la denuncia efectuada por un estudiante de derecho. Max Schrems, de 24 años, ha iniciado su particular batalla contra la red social al comprobar que sus datos personales, previamente eliminados, se mantenían en 1.200 páginas.
En junio de este año Schrems ejerció el derecho de acceso a sus datos personales (así se denomina en la LOPD española) solicitando a Facebook una copia de la información que esta empresa mantenía sobre él. Al recibir el CD con su información personal pudo comprobar que el contenido ya eliminado de su perfil aún se mantenía.
Dentro de la información que Facebook almacenaba sobre Schrems, se encontraban chats, fotos, solucitudes y correo electrónico. Ante esto Max Schrems se puso en contacto con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que ha iniciado una auditoría. De resultar culpable, Facebook podría ser sancionado con una multa de hasta 100.000 euros. Estos son los hechos.
Una batalla que Facebook tiene perdida
A finales de 2009, diversas asociaciones americanas habían denunciado la política de privacidad de la empresa de Mark Zuckerberg porque “
atentaba contra los derechos de sus usuarios“. En noviembre de ese mismo año, la Agencia de Protección de Datos española
daba un toque de aviso a las redes sociales.
La política de privacidad de Facebook: una reflexión personal
Cada vez que hemos hablado sobre este tema, en los comentarios algunos usuarios han manifestado que aceptar la política de privacidad es completamente voluntario. Eso es cierto sin duda, pero hay una cuestión que no podemos olvidar: por mucho acuerdo que exista entre las partes, ningún pacto está por encima de la ley y si un contrato conculca una norma, es ilegal.
Facebook debería rectificar, porque este tema le va a estallar en la cara. Si la denuncia de Max Schrems prospera, se sienta jurisprudencia abriendo el camino a multiples denuncias en varios países, con sus consecuencias de deterioro de imagen pública y más sanciones económicas. Todo ello sin detrimento de que la Unión Europea imponga una sanción ejemplar, que puede ser de varios millones de euros.